Quién debe pagar la Tasa de Seguridad en Antioquia: ¿propietario o arrendatario?
Tasa de seguridad - Petra Inmobiliaria
La implementación de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Antioquia ha generado interrogantes sobre quién debe asumir su pago. Aquí te explicamos a quién corresponde esta obligación y cómo afecta a propietarios e inquilinos.

Desde enero de 2025, la Gobernación de Antioquia implementó la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dirigida a fortalecer la seguridad en el departamento. Esta medida ha suscitado interrogantes, especialmente entre quienes viven en arriendo, sobre quién debe asumir el pago: ¿el propietario del inmueble o el arrendatario? A continuación, despejamos estas dudas para que estés informado y evites inconvenientes.

¿Qué es la Tasa de Seguridad y quiénes deben pagarla?

La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana es una contribución implementada por la Gobernación de Antioquia con el propósito de financiar estrategias de prevención del delito, dotación de tecnología para las fuerzas de seguridad y programas comunitarios que buscan garantizar un entorno más seguro para los ciudadanos .

Esta tasa aplica a:

  • Hogares de estratos 4, 5 y 6.
  • Sectores comercial e industrial.

El monto se calcula según el consumo mensual de energía eléctrica y se liquida a través de las facturas de EPM, siendo recaudado por Valor +, una filial del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

¿Propietario o arrendatario: quién debe asumir el pago?

La responsabilidad del pago recae sobre el propietario del inmueble, quien generalmente figura como titular en el contrato de servicios públicos. En caso de no pago, se podría iniciar un proceso de cobro coactivo contra el propietario, aunque no conlleva la suspensión del servicio de energía .

Es importante destacar que, aunque el arrendatario no es legalmente responsable del pago, las partes pueden acordar en el contrato de arrendamiento que el inquilino asuma este costo. Sin embargo, en ausencia de dicho acuerdo, la obligación permanece con el propietario.

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