En muchos conjuntos residenciales de Colombia, la imagen urbana y la convivencia entre vecinos son prioridades. Y aunque parezca algo menor, colgar ropa en balcones puede generar molestias visuales o problemas estructurales, lo que lleva a muchas copropiedades a regular esta práctica. Sin embargo, ¿es legal imponer multas por ello? ¿Existe una normativa nacional o todo depende del reglamento interno del edificio? En este artículo despejamos las dudas más comunes sobre este tema, para que puedas vivir con tranquilidad y evitar sanciones innecesarias.

La propiedad horizontal y sus reglas internas: más allá de la apariencia

Vivir en propiedad horizontal implica aceptar un modelo de convivencia colectiva que se rige por un reglamento interno aprobado por la asamblea de copropietarios. Este documento es la «constitución» del conjunto residencial: en él se establecen derechos, deberes y restricciones para quienes habitan el edificio o conjunto.

Colgar ropa en balcones, ventanas o fachadas, aunque no está prohibido por ninguna ley nacional, sí puede estar regulado en ese reglamento interno. Si allí se especifica que no está permitido —por razones de estética, seguridad o mantenimiento—, entonces su incumplimiento puede dar lugar a una sanción.

Lo más importante es que estas restricciones deben estar claramente definidas y socializadas entre los residentes. No basta con una queja verbal ni con la opinión personal de un administrador: la sanción debe estar respaldada por el reglamento y aplicada mediante un procedimiento justo y transparente.

¿Qué tipo de sanciones se pueden aplicar y cómo deben hacerse?

Las sanciones económicas por incumplimiento de normas de convivencia están permitidas en Colombia bajo el régimen de propiedad horizontal, pero deben cumplir con ciertos requisitos. Primero, el reglamento debe especificar con claridad las conductas sancionables y los montos correspondientes. Segundo, el residente debe ser notificado formalmente sobre la falta cometida y tener la oportunidad de presentar descargos.

Los valores de las multas varían. Algunos conjuntos imponen sanciones equivalentes a uno o dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que otros optan por usar como base el valor de la cuota de administración, aplicando sanciones proporcionales que pueden aumentar en caso de reincidencia.

Cabe destacar que las sanciones no pueden aplicarse de forma arbitraria ni inmediata. La ley exige que se respete el debido proceso: esto incluye la notificación, el plazo para corregir la conducta y la posibilidad de defensa. Además, si quien comete la falta es un inquilino, será él quien responda por la multa, no el propietario del inmueble.